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ECONOMÍA-HAITÍ
Despidos antes de privatizar


Por Jeb Sprague y Wadner Pierre*

PUERTO PRINCIPE, jul (IPS) - A fines de junio el presidente de Haití, René Préval, anunció que la empresa estatal de telefonía Téléco sería privatizada. Desde entonces, 2.800 empleados fueron despedidos.

Tras el anuncio, en una reunión con la Cámara de Comercio y con el senador del partido oficialista Jean Héctor Anacacis, el presidente terminó de dar forma a su plan para vender la obsoleta compañía.

El impulso privatizador comenzó de forma abrupta y con ello la andanada de despidos. Durante décadas, los prestamistas extranjeros y las firmas multinacionales presionaron a Haití para que adoptara un programa de privatizaciones.

Los despidos son vistos como el primer paso en esa dirección.

El número de teléfonos móviles ha crecido rápidamente y es común escuchar quejas sobre el pésimo servicio que Téléco ofrece a sus clientes de líneas fijas.

Una empresa de telefonía móvil, Digicel, ha estado creciendo a ritmo acelerado desde 2006 y posibilitó que muchos haitianos pobres tuvieran un aparato por primera vez en su vida.

Digicel ofrece a sus clientes un servicio gratuito por los llamados que reciben y equipos con planes prepagos que se pueden adquirir entre 15 y 25 dólares. La empresa así tomó ventaja frente a sus competidoras, Voila y Haïtel, que cobraban entre 50 y 100 dólares por el servicio básico.

Digicel también es muy popular por su presencia en espectáculos deportivos y publicidad en la vía pública, además de su asociación con fundaciones como Fonkoze, que ayuda a los pobres.

El problema es que después de comprar los teléfonos móviles baratos, muchos clientes pobres no pueden pagar el costo del servicio, a pesar de que algunas de las tarjetas para recargar minutos se venden a 1,5 dólares.

El gobierno justificó la privatización de la empresa estatal comparando el número de sus empleados con los de las compañías privadas de telefonía móvil, con el obvio mensaje de que la diferencia revelaba era prueba de la pésima administración de Téléco.

Préval explicó que "Haïtel tiene 500 empleados para atender a 350.000 clientes, Comcel 630 para 650.000 usuarios, Digicel 700 para 1,4 millones de suscriptores y Téléco emplea a 3.293 aunque sólo tiene 150.000 abonados".

En respuesta a los despidos, los trabajadores de Téléco realizaron protestas frente a la sede de la empresa en esta capital. Los críticos del presidente remarcaron que las compañías de telefonía móvil no necesitan tender cables en las calles ni realizar tareas de mantenimiento como las que se requieren en el caso de los teléfonos fijos.

La instalación de las antenas que permiten que los teléfonos móviles tengan señal es realizada por unos pocos técnicos, altamente calificados y bien pagados, frecuentemente extranjeros, mientras que el mantenimiento del cableado de las línea de tierra corre por cuenta de una mal remunerada y poco preparada dotación de trabajadores.

Aunque el costo de una llamada utilizando un teléfono móvil es más caro que el de Téléco, es muy difícil conseguir la instalación de una línea de la compañía estatal. Más de 90 por ciento de los usuarios utilizan los servicios de las empresas privadas, una gran diferencia respecto del panorama de una década atrás.

Las ganancias de Téléco provienen de un pequeño porcentaje que recauda por cada llamada que se realiza dentro del país o desde el exterior hacia Haití, lo cual incluye tanto a las líneas fijas como a las móviles. La empresa cuenta con el potencial para ser financieramente viable, pero requiere que muchos empleados trabajen en sus distintos sectores con oficinas en toda la nación.

Préval se comprometió a pagar el equivalente a un año de salarios a los empleados despedidos.

Los delegados sindicales de Téléco, sin embargo, hablan de una silenciosa campaña de largo plazo para desprestigiar a las empresas estatales. Afirman que ejecutivos que apoyan la privatización, nombrados por funcionarios del gobierno, hacen una deliberada mala administración de la compañía. También denuncian casos de corrupción.

Préval vendió, durante su primer mandato de gobierno (1996-2001), un molino harinero y una compañía de cemento estatales. Los defensores de la privatización dicen que ahora la empresa cementera aporta al Estado importantes ingresos en concepto de impuestos.

Pero muchos pequeños contratistas y sus clientes deben hacer frente a costos del cemento fuera del alcance para quienes aspiran a vivir en una casa de una sola habitación. Donaciones de cemento de Venezuela han otorgado un respiro a los planes de obras públicas en este país.

Brian Concannon, del Instituto para la Justicia y la Democracia en Haití, recuerda que para aliviar la presión de las instituciones financieras internacionales Préval, durante su primera presidencia, privatizó "algunas de las más pequeñas y menos estratégicas empresas estatales". Pero hacia el fin de su mandato la ayuda financiera para Haití ya había comenzado a desaparecer.

Cuando asumió en 2001 el luego derrocado presidente Jean-Bertrand Aristide, quien se oponía a las privatizaciones masivas, los donantes del exterior reaccionaron cortando prácticamente todo el flujo de fondos hacia Haití, un país dependiente de los fondos del exterior aunque reacio a la venta de activos del Estado. Esto complicó aún más a las empresas públicas.

Un trabajador despedido por Téléco, mientras hacía fila para cobrar su indemnización, cuestionó la política de privatizaciones de Préval.

Recordó que antes de la venta de la empresa estatal de cemento una bolsa de ese material costaba entre 0,75 y 1,25 dólares, mientras que el precio ahora excede los cinco dólares. La devaluación de la moneda local, el gourde, es en parte responsable del aumento.

Desde el golpe de Estado que derrocó a Aristide en febrero de 2004, los defensores de la privatización se han fortalecido.

Un gobierno interino, con apoyo del exterior, formuló una estrategia de privatización y despidió al menos 2.000 trabajadores de Téléco junto con otros miles de diversas empresas estatales.

La mayoría de ellos eran pobres y simpatizaban con el gobierno constitucional que había sido derrocado.

En 2006, Préval fue elegido por el voto popular y reemplazó al desprestigiado gobierno interino.

Dirigentes sindicales señalan que las condiciones mejoraron durante la gestión de Préval y que tuvieron conversaciones con el gobierno, pero en las últimas semanas la tensión ha ido en aumento a causa de los planes de privatización del gobierno.

Una de las mayores centrales del país, la Confederación de los Trabajadores Haitianos (CTH, por su sigla en francés), realizó protestas contra las privatizaciones y los despidos en Téléco.

Dirigentes de la CTH indicaron a IPS que, aunque están dispuestos a dialogar con el gobierno, se oponen a las privatizaciones que cuestan puestos de trabajo.

Préval debería buscar, en cambio, alternativas para modernizar la obsoleta telefónica estatal, dado que existe una demanda desatendida de líneas fijas. Enfatizaron que las "políticas neoliberales de privatización" provocaron desastres en toda América Latina.

Los trabajadores despedidos de Téléco que manifestaron durante los últimos días frente a la sede de la empresa ofrecieron, irónicamente, trabajo a las tropas de la fuerza de paz de la Organización de las Naciones Unidas y a la policía haitiana, que fueron estacionadas en la zona en caso de que estallaran disturbios.

El director general de Téléco, Michel Présumé, argumentó que la privatización es una necesidad urgente e indicó que puede ser realizada en forma inteligente. "Los dividendos del molino harinero privatizado llegan, aproximadamente, a los 13 millones de dólares", dijo.

El presidente del sindicato telefónico, Jean Mabou, quien fue despedido, acusó al director general de la empresa de dejar sin trabajo a personas de manera arbitraria e ilegal. Según empleados, hubo muchos casos de despidos para ajustar cuentas políticas.

Présumé dijo que el número de trabajadores de Téléco se reducirá a 1.200 en todo el país, pero los medios de prensa dicen que sólo quedarán 800.

Préval designó una comisión para estudiar la privatización de otras empresas estatales. La Autoridad Nacional Portuaria y la Oficina de Seguro Laboral y de Salud aparecen como las candidatas más probables.

*Jeb Sprague y Wadner Pierre colaboran con HaitiAnalysis.com

(FIN/IPS/traen-jsp/js wp/ca/if lb ic/07)

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